Los Fundadores de los EE.UU. crearon una república con un balance de poderes: el Legislativo (Congreso), Ejecutivo (Presidente), y Judicial (Corte Suprema). Igual se hizo en el Perú.
Pero en el Perú desgraciadamente el poder Judicial sobrevive por décadas en caos. No cumple sus funciones de interpretar imparcialmente y apolíticamente la constitución y leyes. Como la tercera rama del gobierno no es la fuerza estabilizadora en un balance de poderes.
En los 80, bajo la constitución de 1979, el poder Ejecutivo volvió a la política con las expectativas de que se normalice la aplicación y administración de justicia. Pero no llegó a ser realidad.
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En el portal AllRefer, “Peru: Crime and Punishment” y “Peru: Penal Code” describen el caos del poder Judicial en los años 1980 a 1990. El primer obstáculo fue financiación.
En este decenio, una crisis económica mantuvo los presupuestos del Judicial por debajo del 2 por ciento de los gastos del gobierno, requerido constitucionalmente. Al final de la década fue 0,9 por ciento, en ese entonces aproximadamente 15 millones de dólares. Esto fue el presupuesto anual de la Corte Suprema; cortes superiores de departamentos, cortes de primera instancias de provincias, y cortes de orden público de distritos.
El segundo impedimento en esta década fue el estado de emergencia por las actividades de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Los guerrilleros amenazaban a jueces y oficinistas en todos los estratos de las cortes y algunos fueron asesinados. El miedo causó que en 1989 un tercio de 4.583 puestos en todos los niveles de jueces y empleados estuvieran vacantes.
En 1984 se reportó que sólo 15 de 1.080 terroristas fueron sentenciados. En los años de 1980 a 1989 solamente 5 por ciento de los arrestados por terrorismo fueron sentenciados. Debido a la huelga de seis meses del Judicial entre 1989 y 1990 la Corte Suprema vio menos casos que en el año 1985.
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En “Peru: The Judiciary”, la Biblioteca del Congreso de EE.UU. comenta que los presidentes tradicionalmente manipulan el poder Judicial para su propia resolución despidiendo y nombrando jueces. Por ejemplo, el caso del Presidente Garcia (1985-90) que reemplazó al juez de la Corte Suprema que falló como inconstitucional la nacionalización de bancos. Garcia lo reemplazó con un juez de su partido, APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), que falló a su favor.
Varios reportajes se han escrito acerca de lo frustrante que fue el sistema Judicial para el Presidente Alberto Fuimori, por ejemplo, “Judiciary reform in Peru under Alberto Fujimori”. El terrorismo fue la causa por la cual el Presidente Fujimori en 1992 reorganizó el sistema Judicial. La mitad de los jueces de la Corte Suprema y empleados judiciales fueron reemplazados. En ese entonces solo el 10 por ciento de terroristas eran declarados culpables. Algunos jueces corruptos eran conocidos por rebajar las sentencias de terroristas. La solucion fue declarar al terrorismo un acto de traición y los terroristas fueron juzgados por cortes militares.
En el artículo de Mike LaSusa, “Peru’s Judicial Corruption Scandal, Explained”, cita una grabación del Instituto de Defensa Legal que mostró corrupción en el sistema de justicia. Las grabaciones revelaron pactos de jueces, congresistas, empresarios, un jefe de una banda criminal y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, todos pactando para delinquir. En las grabaciones se descubre al juez de la Corte Suprema Cesar Hinostroza conversar un arreglo con un individuo acusado de violar una niña de 11 anos. En otra llamada telefónica Hinostroza le pide a un empresario que ayude a la hija de un congresista a obtener un trabajo en el bufete de abogados que representan a su empresa.
En “Country Reports on Human Rights Practice”, informa que el gobierno Peruano no siempre implementa la ley y que funcionarios constantemente participan en actos de corrupción. Menciona el escándalo de Odebrecht en el que por corrupción el presidente Pedro Kuczynski tuvo que renunciar, el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia siguen bajo investigación, el presidente Alan Garcia se suicido antes de ser arrestado, el presidente Alejandro Toledo está en detención preventiva en EE.UU., y la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori también se encuentra en detención preventiva.
En un escrito de Sandro O. Monteblanco “An Introduction to Peruvian Law”, indica que de acuerdo con Departamento de Estado de EE.UU. el sistema judicial Peruano está contaminado con corrupción.
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Similarmente, “Transparency International’s Global Corruption Barometer” indicó que el Judicial es la institución más corrupta del Perú. Agregando a estas conclusiones, Monteblanco opino que, para los que respetan los principios básicos de la ley, es repulsivo lo que ocurre en el Perú, y añade: “La dama de Justicia no es una mujer joven vendada de los ojos sosteniendo una balanza; allí ella es una prostituta amargada parada en una esquina esperando su próximo (‘trick’) cliente”. Muchos casos comerciales son resueltos por arbitraje para evitar años de procedimientos jurídicos; y agrega, para el colmo las cortes se van de vacaciones en febrero por un mes lo que contribuye al caos.
Como en el caso mencionado anteriormente de Alan Garcia, el presidente Francisco Sagasti podría intentar manipular el poder Judicial. En su artículo “Elvia Barrios es la primera presidenta del poder Judicial de Perú en 196 años”, narra el discurso de Sagasti el día que Barrios asumió la presidencia del Poder Judicial. El dijo, “hoy, por primera vez, (el cargo) lo ocupa una presidenta, y con esta noticia esperanzadora empieza a darse un cambio en nuestro país, empieza a consolidarse una tendencia de justicia de género”. Él se refiere a la “ideología de género”. En el artículo, Perú igualmente revela que ella presidió la Comisión de Justicia de Género formada en 2016 en la Corte Suprema.
La ideología de género procede de la política radical de los 60, marcada por la filosofía marxista de destruir la familia biológica inspirada en el pensamiento de Karl Marx.
En “¿Qué es la ideología de género?”, estas son “ideas que explican la sexualidad humana únicamente desde la cultura sin ninguna referencia a la naturaleza. Se trata de una ideología sin ninguna base científica ni racional”. Unas ideas que se están implementando como leyes para adoctrinamiento en los colegios, castigos a opositores de la ideologia, matrimonio homosexual, adopcion de niños, divorcio exprés (en España), y derecho a asesinar con el aborto.
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Elvia Barrios es una semilla más para implantar la ideología de género. En el “¿Nuevo presidente del Perú ha declarado la guerra a la Iglesia Católica?”, la lista del gabinete ministerial de Sagasti que favorece esta ideología incluye a Violeta Bermudez, presidenta del Consejo de Ministros, Silvia Loli Espinoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, y Ricardo Cuenca Pareja, ministro de Educación. Este artículo termina con la denuncia del Papa Francisco que dijo, “hoy a los niños — ¡a los niños! –, en las escuelas se les enseña esto: que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas e instituciones que te dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible”.
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